La necesaria clarificación conceptual con que han de plantearse las nociones que sustentan las políticas públicas con incidencia geográfica obliga a establecer una distinción entre las nociones de espacio y de territorio. Si con el primero se trata de dar coherencia interpretativa al conocimiento integrado de los elementos que configuran el escenario en el que se desenvuelve y organiza la vida de una sociedad, la noción de territorio entraña una dimensión que le confiere connotaciones específicas. Su entidad conceptual, a efectos prácticos, reside en el hecho de aparecer estrechamente asociado a la idea de pertenencia y de transformación o, lo que es lo mismo, a la capacidad que las sociedades tienen para organizar, reestructurar y, en cualquier caso, ordenar sus ámbitos de convivencia, de actividad y de relaciones, lo que da lugar a un proceso de recomposición permanente de acuerdo con las posibilidades que, apoyadas en sus rasgos y valores distintivos, en sus elementos materiales y simbólicos, en el uso estratégico de la información de que dispone y dentro de las reglas determinadas por el sistema regulador, orientan los comportamientos de la sociedad dentro de los parámetros impuestos al propio tiempo por sus pautas culturales y el nivel de desarrollo tecnológico.
Se trata de una noción susceptible de cobrar entidad formal en escalas diversas (municipio, área metropolitana, comarca, región, Estado, nación...), cada una de las cuales -valoradas como escenarios para la acción y percibidas así por los ciudadanos- aparece sujeta a los procesos de cambio derivados de las estrategias de desarrollo acometidas en cada caso y de las directrices que emanan de sus respectivos modelos de gobernanza y gestión. En este sentido, puede decirse que el territorio, ligado al concepto de soberanía, constituye la manifestación espacial del poder, es decir, el escenario en el que se proyectan, concretan y expresan las decisiones ejercidas por quienes tienen competencias reconocidas para ello, de modo que, concebido como espacio estructurado, apropiado y ordenado, su configuración reproduce las directrices emanadas del poder y, consecuentemente, del modelo organizativo determinado por los agentes que lo ostentan. De ahí que, con independencia de la variedad de los elementos responsables de la decisión y de sus diferentes modalidades de impacto, el territorio se muestra como la condición necesaria para la existencia, legitimación y ejercicio de la autoridad política por parte de los poderes que sobre él actúan. Cobra sentido, pues, la consideración del territorio como un concepto dinámico, dependiente de las relaciones construidas entre el espacio, el poder y la identidad, y además en continuo proceso de transformación como corresponde a una estructura sistémica que evoluciona al compás de las tendencias que lo modelan en función de los efectos provocados por los diferentes factores o circunstancias que pudieran contribuir a ello, comúnmente relacionados con tres tipos de situaciones. De un lado, con las repercusiones que derivan del despliegue de la cultura de la cooperación con otros territorios, y en función de la cual surgen complementariedades y alianzas estratégicas de muy diverso alcance y planteadas con horizontes temporales variables; de otro, con las relaciones de competencia mediatizadas por las exigencias de la economía mundializada y que obligan, como mecanismo reactivo frente a los riesgos concurrenciales, a la reafirmación de las ventajas comparativas y competitivas; y, finalmente, no hay que desestimar la importancia de los impactos asociados al desencadenamiento de conflictos o tensiones, responsables de la modificación de las estructuras territoriales acordes con la magnitud y persistencia de los factores que los provocan así como de las medidas arbitradas para su resolución.
